ART: Alianzas de Riesgo para los Trabajadores

Por Jorge Duarte*

El miércoles la presidenta la nación presentó modificaciones en el mercado de los seguros de riesgos del trabajo, que dejaron varios puntos para analizar. Principalmente se avanzó en el fin de la famosa doble vía, la eliminación de lo que llamó “la industria del juicio” y la reglamentación de la posibilidad de generar las ART Mutual entre empresarios y sindicatos.

Los anuncios realizados el miércoles por Cristina Fernández, en presencia de industriales y sindicalistas de la CGT oficialista, luego detallados en conferencia de prensa por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, implican una serie de cambios en el mercado de los seguros de riesgos del trabajo que modifican el panorama de los trabajadores al momento de sufrir un accidente laboral.  Lo expresado el miércoles se formaliza en el decreto 1720/2012 firmado por la presidenta y en el proyecto de ley presentado por el oficialismo. Mediante estas normativas se establecen modificatorias en los montos a pagar por accidentes laborales,  en los plazos de pago, en las condiciones en las que se accede al pago y en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo ya que se limitan las comisiones de los aseguradores y de las ART. De este modo, el shock de cambios produce un reordenamiento de la dinámica en que se desarrolla el mercado de riesgos del trabajo y produce cambios profundos que marcan contradicciones y dejan conformes a los asistentes, pero en situación incómoda a los trabajadores.

Vía única

A partir de fallos de la Corte Suprema de 2004 se habilitó a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo a cobrar lo dispuesto a modo indemnizatorio por la ART y posteriormente iniciar acciones legales en caso de estar en desacuerdo con el monto otorgado. Este proceso, conocido como doble vía, comenzó a extenderse desde entonces. En 2010 el 45% de los casos de infortunios laborales (eufemismo para referirse a accidentes en situación de trabajo) utilizó la doble vía para reclamar responsabilidad civil de los empresarios. Estas demandas de los trabajadores, que van más allá de las prestaciones dinerarias dispuestas por las ART, fueron las que llevaron a Cristina Fernández a catalogar de “industria del juicio” al sistema. Actualmente hay más de 75 mil reclamos judiciales por accidentes laborales irresueltos. Este sistema que judicializa un porcentaje muy importante de los infortunios laborales pagados por las ART, se termina con el fin de la doble vía sustanciado el pasado miércoles.

La modificatoria a la Ley de Riesgos del Trabajo propone acortar los plazos de cobro de indemnizaciones y subir los montos por accidentes laborales que estaban estancados desde 2010. De esta manera, se establece que el damnificado deberá optar por elegir la vía judicial o por el reclamo ante las ART, pero de ninguna manera podrá acceder a ambas. Si el trabajador opta por cobrar la indemnización ofrecida por la ART, renunciando a la posibilidad de iniciar un juicio, el pago deberá hacerse efectivo 15 días después de que se haya fijado el monto de la incapacidad por lo que se aceleran los tiempos de cobro. Además, las sumas indemnizatorias se actualizarán, ya que el piso indemnizatorio que se toma de base para hacer los cálculos pasará de $180 mil a $460 mil.

Esta nueva legislación, que contradice la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, deja al trabajador o la familia del trabajador accidentado, expuestos a un dilema de difícil resolución en un momento de suma vulnerabilidad. Por lo tanto un trabajador con un accidente laboral y las urgencias del caso, tiene que optar por cobrar en los plazos que le propone la ART o exponerse a los tiempos judiciales despiadados. De este panorama se puede inferir que el trabajador que no posea los ahorros necesarios para sostenerse mientras se desarrolla un proceso judicial, deberá conformarse con lo que las ART le ofrezcan. Los cambios que implican denegar la vía judicial, benefician a los empresarios afectados por estos procesos y, a cambio, se elevan los montos de las indemnizaciones, se actualizan bianualmente y se aceleran los pagos de los trabajadores afectados.

Sociedades peligrosas

En la misma velada se anunció la reglamentación de las denominadas ART Mutual que podrán ser conformadas entre empresarios y sindicatos para competir en el mercado de las aseguradoras de riesgos de trabajo. Estas ART Mutual sin fines de lucro, si bien estaban previstas en la legislación vigente, no se encontraban reglamentadas.  El decreto firmado el pasado miércoles prevé que una ART Mutual podrá ser constituida por "asociaciones profesionales de empleadores o grupos de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial que celebren negociaciones colectivas". Este nuevo emprendimiento cooperativo entre empresarios y sindicalistas les dará la posibilidad de competir con las actuales ART y se espera que produzca la reducción de costos de los seguros.

Las ART Mutual son un viejo reclamo de empresarios y sindicalistas que les posibilita una fuente de recursos importante y la posibilidad de convertirse en proveedores de un servicio a sí mismos. Desde el Estado, entonces, se fomenta la figura de sindicalistas empresarios asociados con las patronales. Estas sociedades entre gremialistas y empresarios, que ya han probado ampliamente su fracaso en sucesivas ocasiones que cimentan sindicatos burocráticos, vuelven al centro de la escena y generan evidentes conflictos de intereses. Los sindicalistas se encontrarán ante la disyuntiva de defender derechos de trabajadores o los recursos financieros de su negocio en la ART. Negocios o trabajadores fue la disyuntiva de los grandes gremios en la década de 1990 o con las tercerizaciones por ejemplo, y ya sabemos cómo terminó la historia.

Los apoyos recibidos por los anuncios permiten vislumbrar el sesgo ideológico del proyecto. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Confederación General Empresaria (CGERA), la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) elogiaron los cambios. También se expresaron a favor referentes de la CGT oficialista. Los avales cosechados por las modificaciones dejan entrever que las medidas lejos de beneficiar a los trabajadores, buscan mayor protección empresaria y proveer de una fuente de recursos a sindicatos burocratizados. Mientras los empresarios esperan bajar la judicialización de los accidentes laborales, los sindicatos esperan recibir fondos con los cuales sostener sus estructuras crujientes por la carencia de fondos de las obras sociales. Así como los fondos de las obras sociales funcionaron como herramienta de coerción para opositores y afianzaron alianzas, los ingresos de las ART pueden generar un nuevo impulso a estructuras sindicales cada vez más necesitadas de recurrir a la compra para mantener su poder.

Los negocios sindicales suelen oponerse a los intereses de los trabajadores que los propios gremios deben defender. Este esquema de sindicalistas empresarios que impulsa la modificatoria de la Ley de Riesgos de Trabajo, expone a sindicatos burocratizados a nuevos vínculos con el capital mediados por recursos económicos. Negocios o derechos parece ser  el dilema sindical. Mientras tanto todas las asociaciones de empresarios festejan.

*Periodista especializado en temas gremiales / Conductor de En Casa Hablamos FM Radio Sur 88.3 / http://escritosdeclase.blogspot.com.ar/ @ludistas

Nota originalmente publicada en Marcha

Represión modelo 2012

Por Jorge Duarte*

Desde 2010 en nuestro país se observa un fenómeno de crecimiento de la conflictividad sindical que va de la mano con un ascenso de la represión como respuesta. Hay una diversidad de posibilidades que expresan las salidas represivas y presentan aristas políticas, judiciales, policiales y parapoliciales que suelen ir de la mano.

Al repasar los números que expresan la conflictividad sindical encontramos que el aumento entre 2010 y 2011 fue de un impactante 96%. Las cifras difundidas por el Observatorio del Derecho Social de la CTA expresan que mientras que en 2010 se relevaron un total de 385 conflictos, en 2011 la cifra relevada llegó a un total de 754. Esta tendencia en 2012 se mantiene y nos presenta diariamente un panorama complejo que muestra protestas causadas por reclamos por salario, por reconocimiento de derechos, por el fin de tercerizaciones, por condiciones laborales, por situaciones de precarización, por despidos, por persecuciones a activistas, etc.

El aumento de la conflictividad tiene causas concretas de fondo. Al revisar estudios estructurales hallamos que en los últimos dos años, según un trabajo realizado por la Revista “Apuntes para el Cambio” de FLACSO, se encuentra en caída la participación de la masa salarial que reciben los trabajadores en el valor agregado. Desde 2009 a 2011 se han perdido 2,8 puntos porcentuales, cayendo a valores por debajo de los existentes en 2006. La estadística se combina con lo que el economista Rolando Astarita define como un proceso en el que “el capital necesita bajar los salarios para recuperar competitividad en el mercado mundial”. La competitividad conseguida a costa de reducir salarios encuentra su némesis en el crecimiento de los conflictos gremiales.

El cambio de perfil de un gobierno que hasta hace unos años sostenía fervientemente que no reprimiría la protesta social, se hace evidente al repasar los hechos sucedidos en los últimos meses. Sin ánimo de hacer una revisión exhaustiva, sino más bien una muestra representativa, podemos mencionar que se reprimieron protestas de trabajadores estatales en Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco y Chubut. Además se reprimieron protestas encaradas por trabajadores tercerizados en la Ciudad de Buenos Aires (Aerolíneas Argentinas, Molinos), Salta (ingenio El Tabacal) y Chubut (Cerro Dragón). También se reprimieron protestas de Camioneros en Trelew, de beneficiarios de planes Argentina Trabaja en Pacheco y la reciente a trabajadores de la Cooperativa de Transporte Estrella del Norte en Salta. Estos hechos, a los que se les podrían seguir sumando distintos episodios, demuestran que las provincias y la nación optaron por la salida represiva para encausar la protesta social ascendente.

Es muy importante contextualizar este avance represivo a los trabajadores que se organizan. Mientras palos y balas de goma abundan, avanzan los juicios al ex presidente Fernando De la Rúa por los sobornos pagados para flexibilizar derechos laborales y a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra en una lucha por el fin de las tercerizaciones en el Ferrocarril Roca. Ambos juicios, que de prosperar pueden ser ejemplificadores por el entramado político sindical que atacan, no tienen correlación en las políticas de gobierno y con el perfil represivo consolidado en 2012. Muchas de las políticas de precarización del empleo que se impusieron en los noventa siguen intactas y son las mismas que se aplican hoy para aplicar ajustes sobre los trabajadores. Como ejemplo podemos destacar el caso de las tercerizaciones laborales que siguen siendo una de las mayores causas de conflictividad sindical que termina en duras represiones. Esas tercerizaciones, que se repiten indiscriminadamente en el sector público y en el sector privado, no han sido abordadas por la legislación de la década kirchnerista a pesar del proyecto legislativo impulsados por el Diputado Facundo Moyano, integrante del propio bloque del FPV.

La represión encarnada por los aparatos represivos del Estado muestra sólo una parte del fenómeno. Otra arista del tema, se encuentra en el recrudecimiento de las patotas sindicales que funcionan como suerte de grupos parapoliciales y que se encargan de aleccionar a aquellos que no responden a las direcciones gremiales burocratizadas. Patotas de la UTA, del SUTNA, de la Unión Ferroviaria y de la UOCRA en los últimos días se han hecho presentes para reprimir a quienes expresan posiciones sindicales que no responden a los acuerdos entre los gremios y las patronales. Las patotas, que buscan imponer el orden de la dirección sindical, son un primer paso represivo que se complementa con los despidos a quienes se organizan. Patotas y despidos consensuados con las dirigencias gremiales expresan el nudo de los acuerdos entre gremios burocrtizados y patronales opresoras.

Es importante destacar que los conflictos sindicales en muchas ocasiones no terminan simplemente en la represión a quienes protestan, sino que tiene continuidad en un proceso judicial. Actualmente detectamos más de 6 mil personas procesadas por participar de distintas protestas sociales. Esta tendencia a la judicialización de la protesta, encuentra un marco propicio de crecimiento para la criminalización en la ley antiterrotista aprobada en diciembre de 2011. La pata judicial no es menor y se hace una realidad concreta en la gran cantidad de trabajadores procesados en los gremios combativos. Las sanciones judiciales a trabajadores, se combinan con las sanciones del Ministerio de Trabajo a los gremios que persisten en posturas combativas y terminan de conformar un sistema de represión complejo. El Ministerio de Trabajo que en 24 horas puede imponer una multa millonaria a un sindicato, no es capaz de sancionar a  empresas que se niegan a pagar salarios de convenio a sus trabajadores o los despide discriminatoriamente. Sanciones expeditivas para trabajadores, omisiones para empresas.

El aparato represivo del Estado, las patotas sindicales, la criminalización de la protesta y las sanciones del Ministerio de Trabajo es el combo al que se enfrentan los trabajadores y sus organizaciones cuando salen a la calle en la búsqueda de derechos y la defensa del salario. El 2012 consolida el aumento de la conflictividad sindical y la respuesta está a la vista.

* Licenciado en Comunicación Social / Periodista especializado en temas gremiales / Conductor de En Casa Hablamos FM Radio Sur 88.3 / http://escritosdeclase.blogspot.com.ar/ @ludistas

Nota originalmente publicada en Marcha

Informe sobre los cambios en el sistema de asignaciones familiares

Volvemos a los informes tuit, en este caso para pensar lo sucedido con las modificaciones al sistema de asignaciones familiares anunciadas esta semana. Sabemos del 25,9% de aumento de la asignación Universal por Hijo (AUH), pero se hace un poco más complejo entender el resto de los cambios. Repasemos:

#AsignacionesFamiliares Se incorporó un último tramo a la escala y podrá cobrar asignación el grupo familiar con ingresos hasta $14.000

#AsignacionesFamiliares la condición es que ninguno de los dos integrantes (padre y madre) en forma individual supere los $7.000

#AsignacionesFamiliares El tope no es aplicable para la asignación por hijo con discapacidad que sube de 1080 a 1200

#AsignacionesFamiliares de superar los $7.000 se pierde el beneficio por más que no superen el tope de la escala máxima

#AsignacionesFamiliares Los incrementos en los topes de ingresos máximos en cada segmento de las nuevas escalas son en promedio del 15%

#AsignacionesFamiliares Al incrementarse 15% promedio los topes de las escalas y los salarios en +20% muchos trabajadores pasan de categorìa

#AsignacionesFamiliares Trabajador que cobraba $2.800 recibía $270 por hijo. Con incremento de sueldo del 20% ($3.360) cobrarà $250

Tomar como ingresos los del grupo familiar y no del progenitor que menos recibe ocasiona bajas en el monto y expulsiónes del régimen

#AsignacionesFamiliares Provoca reducción en mayoría de familias con ambos padres con empleos registrados o 1 de ellos sea monotributista

#AsignacionesFamiliares Se benefician quienes perciben la AUH y algunas familias con un solo sueldo registrado

#AsignacionesFamiliares También se benefician algunas familias en las que ambos cobran más de $5.200 y ninguno más de $7.000

Les paso algunos ejemplos que escribió Fabiana Arencibia de cómo impacta el tema de las #AsignacionesFamiliares en los hogares

#Asignaciones Pareja1: cada uno cobra el SMVM $2.670. Con ese ingreso percibían de asignación por cada hijo $270. Ahora percibirán $160

#Asignaciones Pareja2: uno cobra media salarial del sector privado a marzo $4.700 y el otro $5200 Antes percibían por hijo $136 y ahora $90

#Asignaciones Pareja3: uno de ellos cobra $2.800 y el otro $3.200 pasan de cobrar $ 270 a percibir $ 90 por cada hijo

#Asignaciones Pareja4: uno cobra $5.100 y el otro $7100. Antes recibían $ 136. Ahora no cobrarán nada

#Asignaciones Pareja 5: uno cobra el mínimo $2.675. El otro es monotributista categoría más baja $2000. Antes cobraban $ 270. Ahora $160.

#Asignaciones La situación, en términos numéricos, se agrava a medida que crece la composición del grupo familiar

#Asignaciones Mientras mayor cantidad de hijos tengan a los que se le reduce la asignación el impacto en el bolsillo crece

Tope salarial y monto de las asignaciones familiares correspondientes desde octubre 2011 hasta hoy

Salario mensual bruto	Hijo	Ayuda escolar	Nacimiento	Matrimonio
Menos de $ 2.800	270	170	600	900
Entre $ 2.801 y $ 4.000	204	170	600	900
Entre $ 4.001 y $ 5.200	136	170	600	900
Más de $ 5.200	0	0	0	0

Tope salarial y monto de las asignaciones familiares correspondientes: a partir de septiembre de 2012

Ingreso grupal familiar bruto	Hijo	Ayuda escolar	Nacimiento	Matrimonio
Menos de $ 3.200	340	170	600	900
Entre $ 3.201 y $ 4.400	250	170	600	900
Entre $ 4.401 y $ 6.000	160	170	600	900
Entre $ 6.001 y $ 14.000 (si alguno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $ 7.000 queda excluido del sistema)	90	170	600	900
Más de $ 14.000	0	0	0	0

Fuentes: “Sistema de asignaciones familiares antes de la reforma de hoy” por CTA

“Aumento de la Asignación por Hijo: Algo quedó en el camino” por Fabiana Arencibia

Salario móvil, estructura distributiva inmóvil

Por Jorge Duarte* 

Como ocurre cada año, el Consejo del Salario se reunió para pautar el nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil que regirá hasta 2013. Si bien el resultado es el esperado, se hace necesario repasar las potencialidades perdidas de una herramienta que podría apuntar a redistribuir la riqueza y sólo se utiliza para mantener la situación actual.

El Consejo del Salario es un ente de discusión tripartito en el que se encuentran representados los trabajadores a través de sus organizaciones gremiales, las patronales y el Poder Ejecutivo. Las funciones principales del Consejo del Salario son: determinar el salario mínimo vital y móvil; determinar los mínimos y máximos del seguro de desempleo; y aprobar los lineamientos, metodología, pautas y normas para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil. De estas 3 funciones principales, se cumple sólo con la primera y parcialmente. Ahora bien, cabe preguntarse cuál es y cuál debiera ser el objetivo del Salario Mínimo Vital y Móvil. 

Actualizaciones Salariales

Desde 2004 en la Argentina vuelve a discutirse el Salario Mínimo Vital y Móvil y de esa manera se recupera una herramienta fundamental de la democracia para establecer pautas distributivas y formular políticas activas de redistribución de la riqueza. Si bien esa oportunidad se abre a partir de una decisión tomada por Néstor Kirchner, el potencial que llevaba aparejado esa determinación nunca fue explotado. Repasemos los aumentos que se otorgaron desde 2004 a la fecha:

Año	Aumento
2004	125%
2005	40%
2006	27%
2007	22,5%
2008	26,5%
2009	21%
2010	22,7%
2011	20%
2012	16%*

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes de información. *El 25% se completa en febrero 2013

Al observar los distintos aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil encontramos que, luego de un impulso inicial sobre un salario que no había sido modificado por 11 años, las actualizaciones fueron cediendo hasta estancarse definitivamente a partir del año 2008. Es importante remarcar que  desde 2007 se acelera el proceso inflacionario que hasta entonces no era preocupante y que desde 2008 comienza a impactar en la economía nacional la crisis internacional que hace que haya menos “torta” para repartir. A partir de ese momento, si bien se continuó actualizando el Mínimo Vital y Móvil, lo que se buscó fue paliar la depreciación del monto producto del efecto de la inflación anual. En ningún caso se persiguió el objetivo de subir el piso salarial de los trabajadores registrados peor remunerados para achatar la pirámide salarial.

En el caso particular de 2012, el aumento que se otorgó se informó que alcanzará un total del 25%, pero con la característica de que se desdoblará en dos cuotas y llegará a esa cifra recién en 2013. El primer aumento del 16% será en septiembre de 2012 y el segundo se otorgará recién en febrero del año próximo. Si analizamos el aumento estrictamente de enero a enero el aumento del Mínimo Vital y Móvil para 2012 sería de 16%, lo que lo colocaría en el peor aumento desde 2004 a la fecha. Incluso tomando el 25% total de aumento, el Salario Mínimo Vital y Móvil estaría alcanzando los índices de inflación anuales y no consigue ganar poder adquisitivo para una cifra que se encuentra muy por debajo de la canasta básica que debería cubrir como objetivo primordial. Por lo tanto, el aumento no establece cambios sustanciales, sino que consolida el status quo.

Confusiones conceptuales

Todos los que discutieron en el Consejo del Salario buscaban actualizar el Mínimo de acuerdo al proceso inflacionario. Además, expresaban que era necesario establecer una suba que se encuentre acorde a los aumentos promedio de los distintos gremios para 2012. Ahora bien, la base sobre la cual debería discutir el Consejo del Salario como referencia, según marca la ley (y la lógica), es la canasta básica. Esta referencia, olvidada por todos los consejeros, es necesaria para que el Salario Mínimo Vital y Móvil cumpla su objeto, que es asegurar condiciones de vida digna a todos los trabajadores, comenzando por los peor remunerados. No hay que perder de vista que el Consejo del Salario debería establecer pautas claras para la definición de una canasta básica, lo que tendría gran relevancia ante la ausencia total de estadísticas confiables post intervención del INDEC.

Esa “confusión” de parámetro que quita al Consejo del Salario su posibilidad redistributiva lleva a que, por ejemplo, Huyo Yasky, titular del la CTA oficialista declare: “Hemos logrado poner en la misma línea el aumento del Mínimo con los aumentos en los gremios más poderosos del sector privado”. El logro que remarca Yasky, sólo consigue alcanzar la inflación anual, confunde el objeto del Salario Mínimo y mantiene la matriz distributiva actual. Ahora bien, un plus a esas consecuencias negativas se observa al ver cómo este “error conceptual” profundiza las diferencias entre los peor remunerados y el resto. Para entender este punto tomemos como referencia los aumentos en valores absolutos:

Gremio	Porcentaje de aumento 2012	Aumento en $
Comercio	24%	$973
Bancarios	23,1%	$1.420
Salario Mínimo Vital y Móvil	16%	$370

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes de información

El objetivo de trasladar el nivel porcentual de los aumentos salariales que obtuvieron los diversos gremios al Mínimo Vital y Móvil, sólo consigue profundizar las diferencias existentes. En términos absolutos los 113.000 trabajadores comprendidos por la suba del Mínimo, obtendrán en 2012 un aumento que en pesos será de casi $600 menos que los trabajadores de Comercio y de $1.050 menos que los trabajadores bancarios. Si tomamos como referencia el 25% de aumento al que llegarán recién en febrero de 2013, la diferencia será de $400 menos con los mercantiles y de $845 menos con los bancarios. Queda muy claro, entonces, como trasladar la escala porcentual acríticamente provoca una situación sumamente perjudicial para aquellos que se encuentran en la base de la pirámide salarial.

Cabe destacar que la canasta total que debería alcanzar el Salario Mínimo Vital y Móvil medida por la Junta Interna de ATE – INDEC a noviembre de 2011 alcanza los $5.502,20 para un hogar tipo. Esta canasta comprende los siguientes bienes y servicios: alimentos, alquileres, expensas, gas, electricidad, agua, transporte público, comunicaciones, servicios para la educación, textos y materiales escolares, artículos de limpieza, servicios de esparcimiento, bienes y servicios para el cuidado personal, indumentaria, salud y bienes durables para el equipamiento y mantenimiento de la vivienda. Teniendo en cuenta esa cifra, y evaluando a la luz de los aumentos concedidos esta semana, a febrero de 2013 harían falta dos Salarios Mínimo Vital y Móvil para poder adquirirla.

Las reglas del juego que retornaron en 2004, luego que se reinstalaran las discusiones salariales, no han atacado la estructura distributiva profundamente injusta que se sostiene en Argentina. Si bien tuvo algún dinamismo al inicio, el Consejo del Salario sólo cumple la función de asegurar una movilidad salarial que consolida la inmovilidad estructural.

* Licenciado en Comunicación Social / Periodista especializado en temas gremiales / Conductor de En Casa Hablamos FM Radio Sur 88.3 / http://escritosdeclase.blogspot.com.ar/ @ludistas

Nota originalmente publicada en Marcha

Una continuidad que dice mucho

Tercerizados, vaciamientos, paros y “accidentes” a seis meses de la tragedia de Once.

Mientras discursivamente la década de los ´90 es demonizada por el gobierno nacional y la mayoría de los medios de comunicación que denuncian la impunidad y los resultados económicos y sociales que devastaron a la Argentina, la política de transporte instalada por aquellos años continúa sin cambios. Un entramado que tiene como ingredientes: precarización laboral, tercerizaciones, subsidios millonarios, vaciamiento, desidia, corrupción y complicidad sindical, nos coloca en la situación actual donde semanalmente nos sorprendemos con viejas novedades con resultados trágicos.

Mientras se privatizaba el sistema ferroviario, se desmantelaba un sistema complejo de trabajo, economía regional y sociabilidad. Con este proceso harto conocido, se reducían dramáticamente los puestos de trabajo y se comenzaba a financiar un puñado de empresarios subsidiarios del estado nacional que se hicieron cargo de ellos. Mientras Benito Roggio (Grupo Roggio), Benjamín Romero (Grupo Emepa) y la familia Cirigliano (Grupo Cirigliano) asumían al frente de los principales ramales de ferrocarril, los puestos del trabajo del sector se reducían de 114 mil a solamente 14 mil. Estos 100 mil puestos de trabajos perdidos de ferroviarios solamente pudieron ser suprimidos con la complicidad de la Unión Ferroviaria. El gremio liderado por Pedraza facilitó los despidos de personal y a cambio obtuvo negocios propios que incluían sociedades con los grupos concesionarios en las incipientes tercerizaciones y la gestión en sociedad del Ramal Belgrano Cargas.

Empezó, de esta manera, una cadena de complicidades entre sindicalistas empresarios, empresarios que perciben multimillonarios subsidios del estado nacional, una política de transporte que privilegia el negocio de unos pocos al servicio público, el consiguiente deterioro del sistema de transporte ferroviario, precarización laboral para reducir costos, persecución a opositores, corrupción, desidia estatal y vaciamiento. Cada eslabón cumplió un papel fundamental de un proceso que continuó a paso firme a pesar de los vaivenes políticos que sufrió el país en los últimos 20 años. Del menemismo al kirchnerismo, desde inicios de los ´90 a 2012, la secuencia se consolida sin cortes y nos topamos con consecuencias cada vez más trágicas.

En este veloz repaso por los últimos 20 años de política de transporte ferroviario, se hace obvia la relación y las responsabilidades políticas, empresariales y sindicales que se establecen en el asesinato de Mariano Ferreyra en el contexto de una lucha de tercerizados del Roca, los accidentes ferroviarios que se repiten dejando víctimas fatales como en los casos de Once y la Estación de Flores y los vaciamientos sistemáticos como el que se da en los subterráneos que dejaron a la ciudad de Buenos Aires sin servicio por 10 días. Sin embargo, esta suma de complicidades, que además acuñan encubrimientos cruzados, no pudieron evitar que hoy sea juzgado Pedraza y su patota ferroviaria por el asesinato a Mariano Ferreyra y sean procesados los Cirigliano y sus cómplices por la denominada tragedia de Once. Imposible continuar con tanta impunidad instalada a la vista de todos.

Mientras las luchas contra el fin de las tercerizaciones siguen su curso a pesar de la violencia ejercida para sostener los negocios, los pedidos de justicia por el asesinato de Mariano Ferreyra y la denominada tragedia de Once a 6 meses de haber ocurrido se multiplican. La política de transporte que no ha variado su signo privatista y neoliberal está mostrando su cara más brutal, a medida que los protagonistas se sienten más amenazados y que los años de corrosión visibilizan la decadencia. Mientras las concesiones sigan su curso y la lógica del negocio se imponga sobre el servicio público, los recursos del estado serán el caldo de cultivo para generar estos episodios que se repiten inevitablemente. Mientras no se cambien los fundamentos, no se modificarán los resultados.

La recuperación de un estado presente que se pregona desde el discurso del gobierno nacional, por el momento en el sistema de transporte, sólo se refleja en mayores recursos para unos pocos y peores condiciones para los más. Políticas activas que desarticulen por un lado el entramado del transporte neoliberal y las prácticas de precarización laboral encarnadas en su máxima expresión por las tercerizaciones no pueden esperar. A 6 meses de la tragedia de Once, con Pedraza en pleno juicio y Cirigliano procesado tenemos que exigir justicia por Mariano Ferreyra, que los vaciadores sean juzgados, juntos con los cómplices sindicales y políticos y que el sistema ferroviario sea recuperado para beneficio de usuarios y trabajadores.

Nota originalmente publicada en El Diario del Juicio